Exigir a las autoridades un estricto cumplimiento de los Derechos Humanos es el inicio de la participación ciudadana en la política de la nación.
Conocer los derechos – y las obligaciones – de cada ciudadano es el primer paso para generar un acercamiento a una población más interesada en los aspectos políticos del país. En Heroísmo Agonizante 101, queremos hacer conciencia social y cívica sobre las garantías individuales.
En la siguiente serie, durante todo el mes de mayo, iremos analizando los derechos humanos, sus principios, las circunstancias en las que se suspenden, así como sus implicaciones en la vida diaria.
Para vivirlos hay que conocerlos – y a veces, exigirlos (pero con apego a la ley).
Los derechos humanos en México.
El documento rector en la vida cívica, política y social de la República Mexicana es la Constitución. Ninguna ley, reglamento, acuerdo, mandato u orden puede ir en contra de lo establecido en la Carta Magna.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos humanos que reconoce el Estado para quienes habitamos o transitamos su territorio; este documento organiza la estructura de las instituciones que administran, ejecutan, legislan y dirimen las controversias que se suscitan a fin de lograr una convivencia libre y pacífica.
La Constitución también determina que se reconocerán no sólo los derechos establecidos en las leyes mexicanas, sino en los instrumentos adoptados por el Estado en el ámbito internacional. O sea que todos los derechos mencionados y reconocidos en los tratados firmados y ratificados por México, también pueden ser exigidos por las personas en el territorio nacional, ya que son considerados como una obligación que debe ser adoptada por las autoridades judiciales, administrativas y legislativas.
Principio Pro Persona y Participación Social.
La Carta Magna menciona que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Lo anterior significa que cuando un servidor público, autoridad o juez tenga que decidir entre varias normas para aplicar o decidir sobre un caso específico, o cuando a una norma o ley pueda darse más de una interpretación, se deberá elegir aquella que sea más benéfica para la persona sin importar si es la Constitución, un tratado internacional, una ley o un reglamento.
Y aquí comienza lo bueno. En realidad, las leyes mexicanas son muy buenas, pero el problema es que muy pocas veces son aplicadas a cabalidad. Pero los responsables de que esto suceda somos todos: De manera particular, el Estado – a través del servicio público, instituciones de gobierno y de aplicación de la ley – se encuentra naturalmente encargado de velar por la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Pero la sociedad entera tiene un compromiso con su respeto y protección.
Todos somos el Estado. Y todos podemos exigir a las autoridades (de acuerdo a nuestros derechos establecidos por la Constitución) que se dé un estricto cumplimiento a los mismos. Y, lector, lectora, ese es el inicio de la participación ciudadana en la política de la nación.
¿Listos para lo que sigue?
Veremos.
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Foto por Rogelio Rivera Melo
LA SERIE:
Yo también soy el que soy. 
Heroísmo Agonizante 101 (Sólo para principiantes) 